Asamblea Nacional ratificó ilegalidad del bono PDVSA 2020 e incluyó contrato con Rosneft

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un acuerdo en el cual emplazada al presidente de ese cuerpo legislativo, Juan Guaidó, en su función de mandatario interino para que adopte las acciones para defender los activos de PDVSA en Estados Unidos, comenzando por la filial Citgo, y en el documento se ratificó la ilegalidad del bono PDV 2020, y se incluyo los acuerdos comerciales con Rosneft que ha realizado el gobierno de Nicolás Maduro durante 2019.
¨Ratificar que el contrato de emisión del bono 2020 violó el artículo 150 de la Constitución de Venezuela pues se trató de un contrato de interés público suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la Asamblea Nacional”, indica el primer artículo del acuerdo aprobado por el parlamento venezolano en el cual se menciona que el 26 de mayo de 2016 la Asamblea Nacional aprobó un texto similar en el que se señalaba que eran nulos todos los contratos que suscribiera el gobierno de Nicolás Maduro que no tuvieran el aval del parlamento.
En la sesión plenaria de este 15 de octubre se incluyó también dentro de la ilegalidad los contratos comerciales que ha llevado adelante PDVSA con una filial de la empresa rusa Rosneft desde abril para recuperar pagos y lograr la exportación de crudo que se imposibilita por la sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos.
Al respecto, el artículo 3 del acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional señala que se reiteran todos los cuestionamientos que se han hecho desde 2016 en torno “al endeudamiento irresponsable de PDVSA y la celebración de contratos de interés público nacional no autorizados previamente, todo lo cual está siendo objetivo de una investigación que incluye, entre otros, el acuerdo suscrito con Rosneft Trading”.
El convenio con Rosneft se refiere al uso del factoring con PDVSA, es decir, la empresa rusa asume las cuentas por cobrar de la estatal venezolana y asume realizar los pagos con un porcentaje de ganancia por cada factura que forma parte de los aspectos que se desconoce y que cuestionan  los parlamentarios de la Asamblea Nacional.