“Plan Delcy” se enrumba al fracaso porque tenedores del bono PDVSA 2020 requieren licencia de la OFAC

El fondo de inversión Ashmore -principal acreedor del bono PDVSA 2020- hace las consultas para determinar la legalidad que pueda tener en los Estados Unidos el llamado “Plan Delcy”, nombre como es conocido por algunos expertos financieros la emisión de oferta condicional para reestructurar la deuda venezolana anunciada por la ministra de Economía y Finanzas Delcy Eloína Rodríguez.
Estos títulos emitidos por PDVSA en el año 2016 alcanzan una cantidad por el orden de 3.367,5 millones de dólares y tiene la particularidad que tiene como garantía 50,1% de las acciones de la empresa Citgo, lo que implica que si hay incumplimiento de pagos los acreedores podrían asumir control de la compañía.
No obstante, este pago está restringido debido a una medida de protección adoptada por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro) en el marco de las sanciones adoptadas por el gobierno de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro para propicia un cambio político y la convocatoria a elecciones presidenciales libres.
“Esa emisión se hizo rigiéndose por la legislación de Estados Unidos y las regulaciones del mercado de capitales de Nueva York, lo que imposibilita a los tenedores a aceptar la propuesta toando en cuenta las sanciones que impuso el gobierno de Donald Trump salvo que se le otorgue una autorización”, señala el abogado Andrés Carraqueros, investigador del Observatorio Venezolano de Gasto Público de Cedice Liberad. “Existe una discusión sobre la legalidad que tienen los bonos PDVSA 2020 sobre todo porque se les pusieron como garantía más de la mitad de las acciones de Citgo”, acota.
La convocatoria hecha por la ministra Delcy Eloína vence el 13 de octubre y no existen indicios que el gobierno de Trump -previo a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos- admita otorgar una licencia de un gobierno que no reconoce y frente a una realidad en la ha salida a la defensa de la estrategia para la reestructuración de la deuda que lleva adelante el equipo designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en su rol de mandatario interino.
“Por el lado de lo operativo, esa propuesta difícilmente pueda materializarse en un país como Venezuela, en medio de las sanciones que tiene y con unos títulos que se rigen por la jurisdicción de Nueva York; y luego en lo financiero el gobierno de Maduro afronta un problema de liquidez y no tiene para mostrar un plan económico que le señale a los inversionistas cómo se va a pagar y cuáles son las medidas que se van a tomar”, dijo el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. “Ese anuncio no significa nada y tal vez lo que se quiera marcar es una diferenciación con el gobierno interino, que es el reconocido por Estados Unidos al mostrarse como conciliador, y de presión a los inversionistas para que flexibilicen las sanciones, pero todo eso es simbólico y en la práctica no va a lograr nada”, acotó.