Gobierno de Maduro propicia que inversionistas en los CPP generen su propia electricidad

La producción petrolera en Venezuela afronta múltiples obstáculos entre los que se encuentran los cortes o bajones eléctricos, de allí que en la propuesta de los Contratos de Participación Productiva (CPP) que el Ministerio de Hidrocarburos y Petróleos de Venezuela (PDVSA) negocian con particulares se contemplan incentivos fiscales y reducciones de cobro si en el proyecto se incluye la alternativa de generación eléctrica que permita no depender directamente del sistema nacional.
La decisión no resulta fácil para los consorcios tomando en cuenta las restricciones que tiene la generación térmica, bien sea mediante el uso de combustibles líquidos o gas natural, porque al final directamente está asociado a los suministros de PDVSA.
A lo anterior se agrega que en el gobierno de Nicolás Maduro persiste la resistencia en aceptar una modificación del marco legal que rige desde 2007 al sector eléctrico marcado por la reserva al Estado de la generación, transmisión y distribución.
Sin embargo, la realidad está imponiendo también pragmatismo y no se descarta que esta materia sea de los primeros puntos que deba afrontar la Asamblea Nacional que asuma a principios de enero del próximo año para el período 2026-2030.
Los alcances de los CPP se mantienen bajo reserva por parte del Ministerio de Hidrocarburos y del propio Ejecutivo nacional debido a que se ampara en el artículo de confidencialidad que estipula la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, aprobada a raíz de la imposición de sanciones por parte de los Estados Unidos, sobre todo a partir de 2020.
De acuerdo a fuentes oficiales, en la actualidad los CPP están marcando la pauta en la producción petrolera de Venezuela, al punto que se aproximan a 70% de la extracción de crudo hasta el cierre de octubre, es decir, un volumen por encima de 700.000 barriles diarios, que en esencia forman parte de lo que directamente compete a PDVSA.