Hay cuestionamientos a los diputados por el manejo en las negociaciones del bono 2020 (Foto Asamblea Nacional)
El desempeño de la Asamblea Nacional desde inicios de 2019 cuando el presidente de ese organismo, Juan Guaidó, se juramentó como responsable del Poder Ejecutivo ha estado marcado por las dudas y la opacidad en el manejo de recursos públicos como la ayuda humanitaria o la gestión de los activos externos que tiene Petróleos de Venezuela (PDVSA).
“En varias oportunidades se le han enviado comunicaciones a la Asamblea Nacional sugiriéndole tomar en cuenta el apoyo que pueden dar organizaciones internacionales en el manejo de esos recursos con el fin de que haya transparencia pero no ha habido respuestas a esas propuestas”, dijo una fuente vinculada una institución internacional.
Los acuerdos nunca se formalizaron y desde el parlamento se comenzaron a tomar decisiones sin que hubiera un control sobre el manejo de los recursos, primero con un dinero por el orden de 98 millones de dólares, que era una parte de la ayuda humanitaria inicial que debía ingresar por la frontera; luego con la designación de las juntas directivas de empresas del Estado venezolano en el exterior, principalmente filiales de PDVSA; y tercero, por el pago de los intereses del bono PDVSA 2020 por 71 millones de dólares. A eso se suma los acuerdos de algunos parlamentarios de la oposición para frenar investigaciones que desde el exterior se le hacen a personas del mundo empresarial vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro.
“Transparencia Venezuela expresa su indignación y reitera a la Asamblea Nacional la necesidad de mostrar señales claras que den sustento a la confianza que el ciudadano debe tener en sus legisladores y que responda al apoyo internacional que han recibido”, señala un comunicado de esta organización. “Nuestra organización a reiterar un conjunto de recomendaciones que fueron presentadas al parlamento contenidas en el Índice de Transparencia Legislativa para promover la transparencia, el acceso a la información, la responsabilidad y la reducción de los riesgos de corrupción en los parlamentos”, acota.
Existe el antecedente de la auditoría que ordenó el ex ministro venezolano de Energía y Minas, Humberto Calderón Berti, quien en febrero había sido nombrado representante diplomático de la Asamblea Nacional ante el gobierno de Colombia luego de los problemas que se presentaron con la ayuda humanitaria que se esperaba ingresar a Venezuela y la intoxicación de la que fue objeto el presidente de la Comisión de Contraloría del parlamento, Freddy Superlano, en ese momento en la ciudad de Cucutá.
“Personas del entorno del presidente Guaidó manejaron unos recursos que nunca supe de donde venían, cuánto fueron y cómo se gastaron, pero al inicio de ese proceso empecé a recibir rumores por las redes sociales y personalmente de que estaban ocurriendo cosas indebidas, había un mal manejo de esos recursos y que se le debía poner atención a lo que estaba ocurriendo”, dijo Calderón Berti en una conferencia de prensa en Bogotá. “Las autoridades colombianas me dieron el alerta y me mostraron documentos en los que se hablaban de prostitutas, licor, cosas indebidas y mal manejo de los recursos”, añadió el funcionario.
Acotó que en la documentación que recibió se establecía que se incurrió en facturación ficticia y doble facturación en los gastos que se hicieron en Cucuta, Colombia.
Lo que esconde el bono
La administración del bono PDVSA 2020 generó polémicas de distintos aspectos por el retraso que tuvo la Asamblea Nacional en definir primero el pago de intereses por 71 millones de dólares y luego la amortización de capital por encima de 900 millones de dólares.
El dilema de no pagar estos títulos se presenta por el hecho de que tiene como garantía o prenda 49% del patrimonio de Citgo, la filial de PDVSA en los Estados Unidos, lo que implica que si no se paga se corre el riesgo de que Venezuela pierda la propiedad de esta empresa.
La situación tuvo un punto crucial al momento que la Asamblea Nacional abordó la discusión sobre la legalidad del título tomando en cuenta que se hizo sin la aprobación del parlamento venezolano como ordena la Constitución para toda operación de crédito público y luego si el rechazo de la operación en 2016 puede interpretarse como una declaratoria de ilegalidad.
“Hay grupos de interés en la Asamblea Nacional que han abogado por un tratamiento distinto al que se concluyó cuando se aprobó ratificar la ilegalidad del bono PDVSA 2020. No sé si dentro de la administración de Juan Guaidó”, señala el economista venezolano Miguel Angel Santos. “Hay venezolanos de la oposición que están presionando para cobrar y muchos grupos de interés de venezolanos están detrás de cobrar, no de perder o no Citgo”, acotó el experto.
Otro punto polémico que ha generado discusiones entre economistas y analistas financieros es el referido a la recomendación que hicieron bancas de inversión y firmas económicas de este título cuando fue emitido principalmente por la remuneración que ofrecía a quienes optaran por adquirirlos.
El momento que se emitieron estos papeles había bonos que pagaban 13, 14 y 15 puntos porcentuales, lo que representa una rentabilidad de entre 20% y 25% en solo un mes y en esa coyuntura el economista Alejandro Grisanti, en su rol de analista financiero sugirió a los acreedores de deuda venezolana aceptar el bono 2020 porque se le consideraba “seguro” y de “buen rendimiento”, al tiempo que resaltó que esa operación disipó la percepción de riesgo.
“Los costos de un default o de una cesación de pagos desordenada y decirle a los inversionistas que no se va a pagar la deuda son terribles y elevados para Venezuela; y en esa coyuntura Venezuela tuvo que traerse su lomito, su mejor referencia y su mejor activo externo como es Citgo”, dijo Grisanti al momento que se hizo la operación. “Mi queja al canje del bono PDVSA 2020 es que la prima es muy alta, creo que en vez con la mitad era suficiente, 1,10 por cada 1 en vez de 1,20. En ese pelón del Gobierno se fueron 500 millones de dólares”, acotó.
Tres años después Grisanti asumió la responsabilidad de ser director externo de la junta de administración ad hoc de PDVSA designada por el parlamento venezolano y no ha escapado de críticas por conflicto de interés, pero desde su nueva posición ha avalado la decisión de la Asamblea Nacional de no aprobar el pago del PDVSA 2020 y las acciones de demandar ante el Poder Judicial de Estados Unidos la nulidad de ese título.
El lobby de Ashmore
El fondo Ashmore Group es el principal acreedor del bono PDVSA 2020 –tiene más de la mitad de esa emisión- y ha ejercido acciones de lobby tanto en el gobierno de Estados Unidos como dentro de la propia Asamblea Nacional venezolana. Se señala alrededor de 52%, seguido del fondo Black Rock con 12% y T Row con 5%.
El Departamento del Tesoro, no obstante, estableció un compás de espera al posponer para fines de enero la Licencia General Nº5 la cual favorecía el pago de esta obligación pese al régimen de sanciones que estableció el gobierno de Donald Trump.
En la actualidad, avanzan las negociaciones entre Ashmore y los representantes del parlamento venezolano mientras que un tribunal en los Estados Unidos evalúa los tiempos para determinar los argumentos presentados por las autoridades venezolanas que consideran que este título es ilegal.
Los señalamientos indican que Ashmore en un principio intentó influir en los diputados de manera de evitar cualquier señalamiento de ilegalidad del bono, pero las negociaciones con el equipo legal de PDVSA ad hoc han permitido que se abra las negociaciones.
Parlamentarios vinculados a los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y otros partidos minoritarios insisten en señalar que sus colegas de Primero Justicia y Voluntad Popular son los que han tenido más vinculación en las negociaciones de este bono y con los fondos de inversión.
También se ha señalado que el parlamento debería abrir la lista de los tenedores de bonos más allá de los inversionistas institucionales con el fin de determinar si hay representantes de la oposición que fungen como acreedores del título, pero los cuestionamientos apuntan a aspectos más éticos que legales.
PUBLICADO: 20 de diciembre de 2019
