Gobierno de Maduro recurre a ley para declarar invalidez y expoliación en remate de acciones de Citgo

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero que en su exposición de motivos califica de expoliación la intención de un juez de Delaware en los Estados Unidos de ejecutar un remate de la acciones de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los Estados Unidos.
“Este intento de expolio al patrimonio nacional ha sido y favorecido por la acción de actores nacionales y la vía para la comisión de estos actos ilícitos han sido diversos pronunciamientos por parte de la Asamblea Nacional durante el período 2016-2020”, indica el texto de la referida legislación.
El articulado de apenas 11 numerales  está centrado en calificar acciones como las de Citgo de “inexistente”, “ineficaz” e “inválido” cualquier acto de enajenación o disposición que se realice en torno a un activo como puede ser el caso de Citgo.
“La inexistencia, ineficacia e invalidez de las negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de enajenación o disposición sobre activos, derechos o intereses de la República o sus entidades a las que hace referencia esta ley operan de pleno derecho y sin necesidad de pronunciamiento judicial”, indica el artículo 9 de la ley.
Así mismo califica como usurpación de funciones la actuación de toda persona que haya asumido posiciones como los que tiene la junta de administración ad hoc de PDVSA como el caso del ingeniero Horacio Medina, que la presidente; o el que desempeñan dirigentes políticos que se mantienen como representantes del Poder Legislativo electo en 2015 como Dinorah Figuera.
La legislación no contempla ninguna acción en el exterior para el reclamo de los activos más allá de delegar a la Procuraduría General de la República la competencia de actuar fuera del territorio nacional.
“La Procuraduría cuando lo estime pertinente podrá previa autorización de la Vicepresidencia Ejecutiva designar representantes en el extranjero tendente a ejercer la acciones para defender el patrimonio de la República”, indica la ley.