“Todo el Estado colombiano trabaja para que el gasoducto Antonio Ricaurte opere cuanto antes”

El gobierno del presidente colombiano Abelardo De La Espriella y las organizaciones gremiales vinculadas por el sector de los hidrocarburos optaron por tomar la bandera que propuso el ex presidente Gustavo Petro para que Ecopetrol le compre gas natural a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y se reactive el gasoducto que conecta Maracaibo con Punta Ballenas en el departamento de La Guajira.
De esta manera, quedan olvidades las críticas que el propio mandatario cuando era candidato y los representantes de las organizaciones empresariales hicieron a la propuesta de Petro y las razones del cambio apuntas a dos factores: el déficit crítico de gas natural y el cambio político-económico en Venezuela tras la invasión del 3 de enero por parte de los Estados Unidos y la extracción del ahora de Nicolás Maduro.
La intervención de la ministra de Minas y Energía de Colombia, María Nohemí Arboleda, en la jornada de clausura de la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, tuvo como punto central referirse a la declaratoria de proyecto de interés estratégico que aprobó De La Espriella al referido gasoducto, inaugurado hace casi 20 años por los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez.
“La seguridad energética no tiene ideología, tiene urgencia. El proyecto se suma a las apuestas de incremento de la producción nacional, el impulso decidido al gascosta afuera, a las alternativas de regasificación y contribuirá al abastecimiento y confiabilidad para la atención de la demanda en el país”, dijo la ministra Arboleda. “Cada molécula de gas cuenta y con esta declaratoria, todo el Estado trabaja como uno solo para que el gasoducto Antonio Ricaurte opere cuanto antes, sin saltarse un solo trámite. Un país no se gobierna para el próximo verano, sino para la próxima década: vamos a volver a producir el gas de nuestro subsuelo”, añadió.
Esto implica por el lado colombiano que Ecopetrol asumirá directamente la refacción del gasoducto como ya lo tiene planteado PDVSA y ahora bien la búsqueda de financiamiento que apunta a ser gestionado ante un organismo multilateral como puede ser la CAF Banco de Desarrollo de América Latina o el Banco Interamericano de Desarrollo.
El otro aspecto está en que De La Espriella ya dio la instrucción para que la ministra Arboleda y la junta directiva de Ecopetrol retomen la gestión ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) conceda una licencia que permita a la empresa colombiano reactivar el acuerdo comercial con PDVSA.
El cronograma planteado parte que las obras de recuperación puedan empezarse antes de que termine el año 2026 y el gasoducto comience a operar para la segunda mitad de 2027 con un suministro inicial de 50 millones de pies cúbicos al día, equivalente a 5% de la demanda colombiana. “Reponer cinco kilómetros de tubería nos permitirá sumar 50 millones de pies cúbicos diarios”, dijo la ministra.
En cuanto a los incrementos de producción, la mira está puesta en el proyecto costa afuera Sirius de Petrobras y Ecopetrol para el año 2030 cuando se espera una producción de 470 millones de pies cúbicos diarios y para 2032 en la asociación con las compañías Kronos, Gorgon y Glaucus para sumar entre 180 millones y 300 millones de pies cúbicos diarios.
En materia petrolera, la funcionaria también señaló que elevar la producción a un millón de barriles diarios es un proyecto estratégico del presidente De La Espriella y se requieren incentivos para lograr sumar el faltante de 268.800 barriles diarios.
En tal sentido, señaló que la intención está en incorporar este sector en lo que llaman en Colombia el “RUGE”, sigla de Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial, que es una propuesta incluida dentro del proyecto de Ley de Rescate Económico presentada por el mandatario colombiano, con el fin de atraer grandes inversiones de capital nacionales o extranjeras ofreciendo beneficios tributarios y estabilidad jurídica a largo plazo, e inspirado en modelos como el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) que lleva adelante Javier Milei en Argentina.