Trinidad y Tobago busca acuerdos de gas con Guyana y Surinam como alternativa a convenio con PDVSA

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, no solo dio por “muerto” el acuerdo para la compra de gas natural a Petróleos de Venezuela (PDVSA) de los campos Dragón y Cocuina-Manakin, sino que considera que la alternativa para las plantas de licuefacción de su país está en optar por acuerdos energéticos con los gobiernos de Guyana, Surinam y Grenada.
Su ministro de Energía e Industrias Energética, Roodal Moonilal, ha marcado un viraje con respecto a lo que fue la gestión de su antecesor Stuart Young al no insistir que buscará obtener una licencia por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) sino que más bien el gobierno trinitense actuará apegado a la decisión del gobierno de Donald Trump.
“Quedó muy claro que tendremos una alianza de colaboración fortalecida entre Estados Unidos, Trinidad y Tobago y otros actores de la Comunidad del Caribe (Caricom)”, dijo Moonilal. “La actual administración pretende corregir el rumbo fortaleciendo los lazos con países de la Comunidad del Caribe como Guyana, Granada y Surinam; y la administración ha puesto la mira en los recursos petroleros, así como el acceso al gas natural de Guyana”, acotó.
El ministro señaló que la estrategia de Trinidad y Tobago también prioriza la cooperación energética con los proyectos que se adelantan en Grenada y Surinam y su propuesta de plan ha sido presentada ante la Cámara de Energía de Trinidad y Tobago, que por el momento solo ha calificado de interesante el viraje que ha tenido la nueva política energética trinitense.
Esta situación tiene sus implicaciones también en la posición que vaya a tener Trinidad y Tobago con respecto a la disputa territorial por el Esequibo entre Venezuela y Guyana porque durante los gobiernos de Keith Rowley y Stuart Young se optó por exhortar a las partes a buscar una posición consensuada.
Ahora Persad-Bissessar es del criterio de apoyar a Guyana y a la decisión definitiva que decida la Corte Internacional de Justicia, lo que implica que las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro estarán marcadas por un deterioro y eventual ruptura de relaciones.