Cortesía @gonzalezfoscar
El Centro de Divulgación para el Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE) en su programa “Un país de propietarios” puso la atención en el proyecto del Arco Minero que viene impulsando el gobierno del presidente Nicolás Maduro como estrategia para reducir la dependencia de la actividad petrolera que aporta más de 90% de las divisas que recibe Venezuela por exportaciones, pero se trata de una actividad que no ha escapado a las críticas por el daño ecológico y la opacidad en las concesiones.
En ese contexto, CEDICE organizó el Foro “El Arco Minero y los derechos de propiedad” con la participación de la abogado Andrea Rondón, directora del Comité de Derechos de Propiedad de Cedice, y el periodista Edgar López, quien realizó la serie de reportajes de investigación “Arco Minero del Orinoco”, Crimen, corrupción y Cianuro” referido a las irregularidades que están ocurriendo en el estado Bolívar.
Ambos coinciden en que el Gobierno promovió la creación de un modelo extractivista a través de la figura de zona económica especial para el sector minero y de esa manera cubrir el déficit de la renta petrolera con ganancias obtenidas por la explotación de minerales como el oro, coltán, hierro y bauxita.
“El ciclo minero posee plazos largos, es mentira que se puede obtener oro a gran escala en corto plazo. Primero hay que determinar qué tecnología se necesita para explorar, lo que implica mucho tiempo y dinero”, señala López. “El gobierno de Nicolás Maduro tiene urgencia a propósito de la caída de los precios internacionales del petróleo y de la producción, pero emprende proyectos sin dinero y recurre a lo más primitivo como es el extractivismo”, acotó.
Para Andrea Rondón la política extractiva del gobierno comenzó con el desarrollo de la constitución de 1999 cuando se eliminaron las concesiones y perece la política inclusiva que permite inversiones de capital privado y la protección de la propiedad privada.
“En la política extractiva los beneficios solo van a una parte cerrada o grupo privilegiado”, afirmó Rondón. “Una política extractiva no piensa en los beneficios a largo plazo, sino inmediatos de un grupo privilegiado”, dijo.
Indicó que durante los años de gobierno de Hugo Chávez se comenzó a gestar una modificación en la forma como se desarrollaba la actividad minera, la cual pasó de concesiones con la participación de capital privado dentro de ciertos límites a un esquema que implica el establecimiento de zonas especiales.
“La administración y propiedad de los recursos naturales por parte del Estado es un grave problema porque cuando el poder económico se identifica con el político se borran los contrapesos a ese poder del estado, que es lo que caracteriza un estado de derecho”, acotó Rondón.
Precisó que una de las características de los regímenes totalitarios es avanzar con un marco jurídico que no proviene de la discusión y el debate sino que se aprueban unilateralmente, sin consulta ni transparencia, sin conocer realmente el impacto de lo que se está dictando.
La creación del arco minero del Orinoco se concretó con el segundo plan (socialista) de la nación que no es casual, sino un caos inducido y dentro de esa planificación está la transformación del ordenamiento jurídico. “En el Observatorio de Propiedad del año 2007 diagnosticamos una política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada”, indicó.
Ausencia del sector privado
El periodista López mencionó que el sector privado fue expulsado de la región de Guayana. “Ni siquiera está presente, las empresas no tienen autorización para explorar, explotar y comercializar minerales”, puntualizó.
Recordó que la empresa Gold Reserve estuvo 16 años explorando Las Brisas, solamente una parte del yacimiento de oro más grande del país y durante ese lapso acumuló información que luego vendería al Estado venezolano por 240 millones de dólares. Posteriormente sería expulsada del país y acordó una indemnización por daños y perjuicios por 769 millones de dólares.
Por el contario aseguró que los amos del arco minero son el Estado, las empresas mixtas mineras, el llamado pueblo minero, los indígenas y el pranato (jefe delincuente de las cárceles).
PUBLICADO: 31 de agosto de 2018
