Por Alvaro Ríos Roca / Ex Ministro de Hidrocarburos de Bolivia y Actual Socio Director de Gas Energy Latin America
La corrupción es una de las más execrables lacras que azota a la humanidad. Hace que la riqueza se concentre en pocos y la pobreza en muchos. Genera susceptibilidad, malestar y desvirtúa valores fundamentales como el esfuerzo, el estudio, la innovación y el trabajo arduo y honesto.
Si a la existencia de corrupción, le sumamos proyectos ejecutados por empresas estatales con ineptitud, con deficiencias de calidad, no productivos y sostenibles por falta de mercados, estudios y planificación, el impacto para los ciudadanos resulta tremendamente perverso.
Eso exactamente ha ocurrido en el sector energético ecuatoriano. Se puede evidenciar la construcción de ocho proyectos hidroeléctricos sin estudios serios técnicos, ni de mercado y futura demanda. Muchos de ellos están a la fecha con problemas constructivos con fisuras como Toachi Pilaton. Como había mucha sobreoferta de energía eléctrica sin demanda, de la noche a la mañana se trató de implementar un programa de cocinas a inducción para reemplazar el gas licuado de petróleo (GLP) por electricidad. Un fracaso rotundo debido a que había que reforzar las redes de distribución eléctricas. Improvisación tras improvisación.
En el sector hidrocarburos, en las obras encaradas por Petroecuador en las refinerías de Esmeraldas y del Pacífico, la planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto, el poliducto Pascuales - Cuenca y el complejo de GLP de Monteverde - El Chorrillo se ha detectado más de lo mismo, obras con pésima calidad y corrupción en la contratación y donde muchas investigaciones están en curso y hay varios detenidos.
Recordemos que gran parte de estos proyectos se financiaron con la producción futura de petróleo, embargando al país y aterrizando en la crítica situación económica actual que desnuda el presidente Lenin Moreno. La deuda total (externa e interna) de Ecuador heredada el 2018 asciende a 50.000 millones de dólares.
Como el Estado no puede pagar esta elevada deuda y Petroamazonas, Petroecuador, Celec y otras empresas estatales de energía están adeudadas y se han quedado sin recursos económicos, no queda más que realizar las tan criticadas y no deseadas reformas estructurales para no entrar en un serio default (incumplimiento) económico y financiero.
Para esto se han tenido que levantar subvenciones a todas las gasolinas excepto a la Estándar. También se han quitado subsidios al diesel y se mantiene solo para algunos sectores como el de los camaroneros. El subsidio al GLP es la gran duda, sobre todo por su alto impacto social.
Adicionalmente se están introduciendo cambios estructurales en los contratos de exploración y explotación retornándolos a contratos de participación donde las empresas tienen todo el riesgo y pagan una participación al Estado. Recordemos que el presidente Rafael Correa había llevado los contratos a un modelo de tarifas, con lo cual captó mucha renta mientras los precios del petróleo estaban elevados, pero hirió de muerte la exploración.
Para el año 2020, lastimosamente, se tendrán que dar ajustes adicionales y se tendrá que privatizar y/o concesionar al sector privado unidades de negocio de las empresas estatales, achicando el tamaño del Estado. Se está nuevamente uniendo Petroecuador con Petroamazonas. Varias de las operaciones de explotación de Petroamazonas serán negociadas y entregadas al sector privado en una especie de farm out para que sean operadas por estas.
La refinería del Pacifico, un escándalo mayúsculo en asociación con Petróleos de Venezuela (PDVSA), deberá ser encarada por el sector privado si así la factibilidad lo permite. Todo indica que se busca también tratar de privatizar o entregar en concesión algunas de las múltiples hidroeléctricas construidas y algunos otros activos que se estudian en el sector eléctrico. Hay mucho más que el espacio no permite explayar.
No solo Brasil anda en proceso de achicar el tamaño de las empresas del Estado en el sector energético, ahora le sigue Ecuador, y algún momento tendrá que hacerlo Venezuela, a pesar que muchos de sus activos están ya enajenados por sus abultadas deudas.
Ineptitud y corrupción al momento de encarar proyectos e inversiones que ejecuta las empresas estatales son detrimentales para el bienestar de los ciudadanos de un país.
PUBLICADO: 12 de agosto de 2019
