Por Miguel Angel Santos @miguelsantos12 / Economista e investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard
El deterioro de la situación económica y los retrasos en los pagos de Venezuela le han creado a la Corporación Andina de Fomento (CAF) (*) un problema crediticio. Desde comienzos del año pasado, las agencias empezaron a rebajar su calificación de riesgo, por la considerable cantidad de préstamos pendientes en un país cuya economía se ha reducido en 67% en los últimos seis años. Las opciones disponibles son bastante limitadas. Juan Guaidó tiene disposición a pagar, pero no tiene cómo. Nicolás Maduro no tiene ni capacidad ni disposición. Declarar los préstamos en default no contribuirá a mejorar la situación. Las sanciones restringen significativamente las posibilidades de hacer transacciones con Maduro. Además, 13 de los 18 socios de CAF diferentes a Venezuela (77% de su capital accionario) en teoría no reconocen a Maduro como Presidente. Con el espacio de soluciones así de limitado, la CAF se ha sacado de la manga una alternativa casi tan práctica como poco ortodoxa, que ilustra los límites de lo que cabe esperar de la solidaridad y las expectativas de sus socios en relación con una posible transición en Venezuela.
La CAF es una institución bancaria multilateral, creada en 1970 con la misión de promover el desarrollo sostenible. Cuenta entre sus socios a 17 países de América Latina, además de España, Portugal, y algunos bancos comerciales de la región. Su éxito depende en forma crucial de mantener una calificación crediticia alta, que le permita levantar dinero barato en los mercados internacionales, y poder prestar así a los países miembros a tasas menores al mercado. De acuerdo con los estados financieros de 2019, los préstamos a Venezuela equivalen a 14% del total de la cartera de créditos, muy cerca del máximo de 15% que establece la CAF como límite para cada país. En el último año, Standard and Poor y Fitch rebajaron la calificación de riesgo de CAF como consecuencia de su exposición a Venezuela. Para diciembre del año pasado, los retrasos en el servicio de la deuda ya sumaban 183 millones de dólares.
Para resolver esta situación dentro del campo minado que rodea a Venezuela, la gerencia de la CAF diseñó un mecanismo muy ingenioso cuyo nombre es ya de por sí todo un eufemismo: “Programa de Apoyo y Gestión de Liquidez en Situaciones Excepcionales”. Según documentos hechos públicos por el diputado Ángel Alvarado el pasado 2 de marzo, la CAF se quedaría con parte de las acciones de Venezuela en el banco, y liquidaría la porción de la deuda que se encuentra atrasada. Según el último reporte trimestral disponible (Septiembre 2019), Venezuela cuenta con 16% del capital accionario de la CAF, por un valor de 845 millones de dólares. De manera que, para cancelar la fracción de la deuda en default, Venezuela necesitaría vender aproximadamente 20% de sus acciones.
Eso es exactamente lo que contempla el “programa” aprobado por los accionistas de la CAF. La redacción del documento no menciona expresamente a Venezuela; pretende ser un programa más general para países “en situación excepcional”. ¿Las condiciones? que hayan perdido más de 15% de su economía en cada uno de los últimos tres años, registrado inflación mayor a 100% por tres años, cuenten con menos de seis meses de importaciones en reservas, y tengan atrasos con la CAF por al menos 60 días. Sólo les faltó el nombre.
La operación tiene varias implicaciones económicas importantes para Venezuela. En primer lugar, el límite de la compra de acciones se establece en 20% del total por vez (justo lo que hace falta para saldar los pagos atrasados de Venezuela a la fecha de aprobación del acuerdo). También se establece que la CAF cada tres meses readquirirá el número de acciones necesarias para saldar el monto exigible de la deuda que se haya acumulado en el período. A ese ritmo, la CAF podría liquidar todas las acciones de Venezuela en un horizonte relativamente breve.
En segundo lugar, se establece que – antes de solicitar un nuevo préstamo de CAF – Venezuela debe primero readquirir las acciones que vendidas previamente y reestablecer su capital accionario. Eso quiere decir que, en el evento de una transición, la CAF no sería una fuente de financiamiento para la reconstrucción de Venezuela, sino todo lo contrario.
Aunque en el preámbulo del documento se establece que el programa es para “facilitar la atención de las necesidades esenciales de la población”, la transacción no implica ningún flujo de dinero – se cancela deuda a cambio de una liquidación de acciones. En medio de la mayor crisis humanitaria que se haya visto en América Latina, los accionistas de la CAF han decidido hacer pagar a Venezuela los costos de su pésima gestión de crédito, y cargar sobre la nación todas las pérdidas asociadas a los préstamos concedidos a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Lo más curioso es la forma en que la CAF procura esquivar el reconocimiento que dicha operación supone del régimen de Nicolás Maduro. A fin de cuentas, la propiedad de las acciones corresponde a la República (a través del Ministerio de Finanzas) y el Banco de Desarrollo Económico y Social, dos instituciones que en Venezuela están controladas por Maduro y potencialmente sujetas a sanciones. Según el texto, la CAF realizará esta operación, “independientemente del ente del gobierno, entidad pública, a cuya titularidad corresponda la propiedad de las acciones”. Es decir, la recompra de las acciones ocurriría de forma unilateral, sin documento alguno de soporte ni “necesidad de que medien otras formalidades” distintas a la aprobación en Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
Así concebida, la operación equivale a una adquisición forzada de las acciones del Estado venezolano, suerte de expropiación multilateral de los activos de la República que hoy se encuentran bajo el control de Nicolás Maduro. Todo esto, aprobado por un conjunto de países que forman parte del Grupo de Lima y se consideran aliados de Juan Guaidó. Hasta el momento, la Asamblea Nacional no ha emitido ninguna protesta formal. Sólo el Procurador Especial de la República ha publicado un comunicado oficial, en donde denuncia los numerosos vicios del programa de la CAF y enumera los rasgos de inconstitucionalidad de la propuesta.
La propuesta se puede interpretar de diferentes maneras. Una posibilidad es que los socios de la CAF hayan perdido la fe en la transición política en Venezuela, y quieran aprovechar la circunstancia para sacudirse al socio paria, y posiblemente sacar la sede de la institución en Caracas. A fin de cuentas, el “programa” apenas contempla la fracción de los préstamos a Venezuela en retraso, y no resuelve el problema de la enorme cartera de crédito – 3.670 millones de dólares, equivalentes a más de cuatro veces el capital pagado de Venezuela y a 30% del patrimonio del banco. Desde la elección de Luis Carranza en abril de 2017, la CAF ha venido mudando sus ejecutivos y operaciones a diferentes oficinas en América Latina, y la liquidación de las acciones de Venezuela podría ser el punto culminante del proceso.
O quizás no, y acaso simplemente la operación nos viene a ilustrar los límites de la solidaridad, demarcados por ese punto a partir del cual el apoyo a la restauración de la democracia en Venezuela empieza a colidir con los intereses económicos de nuestros aliados en la región. De una u otra forma, ni son las formas, ni era el momento.
(*) La incorporación de nuevos países miembros -más allá de las naciones que conforman la región andina y que formaron parte de la Comunidad Andina de Naciones- llevó a este organismo multilateral a modificar su denominación original de 1970 a la de CAF Banco de Desarrollo de América Latina
PUBLICADO: 05 de junio de 2020
